jueves, 5 de febrero de 2009

EL PP ADVIERTE DE LOS PROBLEMAS SOCIALES Y ECONOMICOS DE LA LEY DE COSTAS


Segun publica el Diario Montañes, nos hacemos eco de esta importante question, que afecta a un numero importante de personas en la CCAA de Cantabria:



El Partido Popular advirtió ayer del problema social y económico que acarrea lo que denominaron una «imprudente» aplicación de la Ley de Costas de 1988, que anulará en 2018 todas las propiedades y concesiones ubicadas en la zona de dominio público marítimo terrestre, independientemente de si eran legales antes de la entrada en vigor de la norma. Unas propiedades que en Cantabria afectan en su inmensa mayoría a explotaciones agropecuarias y polígonos industriales, con las consiguientes consecuencias para el empleo, uno 4.000 calculan en la región.
Por ello promoverá en toda España, empezando por el Congreso, iniciativas parlamentarias que buscarán, a través del consenso, «sensibilizar» al Gobierno de la necesidad de una modificación que evite la «confiscación» de bienes.
Así lo explicaron ayer, el presidente del PP, Ignacio Diego, y el diputado nacional y portavoz de Medio Ambiente en el Congreso, Carlos Floriano, tras reunirse con la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas, que aglutina a 500 propietarios.
En concreto, en Cantabria el PP está preparando ya una proposición que una vez definida presentará al PSOE y PRC para llegar a un consenso. Aunque no se adelantó el contenido exacto, Floriano apuntó que esas iniciativas irán en el sentido de anular la retroactividad de la ley o fijar justiprecios por las propiedades que se anulan. En este sentido, insistió en que el Partido Popular comparte el carácter público del litoral y su defensa, pero apuntó que «hay que respetar los derechos de los adquirientes de buena fe, porque «no tiene sentido meter en el mismo saco» a estos que a quienes incumplieron la ley a sabiendas.
Floriano consideró que la retroactividad de la ley supone una verdadera «confiscación», ya que el Estado trasforma las propiedades en una concesión por 30 años prorrogables a otros 30. Además, explicaron Diego y Floriano, esto impide utilizar estos bienes como garantía y esta entrañando problemas de financiación a las empresas afectadas. En el Polígono de Raos 2.800 empleos.
Comparecencia
Ayer el PP pidió la comparecencia en el Congreso de la directora general de Costas, Alicia Paz, para que explique cómo piensa actual el Gobierno y diga «la verdad».

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