El PP quiere que el Gobierno comparezca en el Congreso para informar de la situación real de los compatriotas españoles afectados por la política de expropiaciones de tierras y bienes del Gobierno venezolano haciendo una cuantificación exacta del número de españoles expropiados y de los amenazados por esta situación.
Así, insta al Gobierno a llevar a cabo las negociaciones precisas ante el Gobierno de Venezuela para dar una solución definitiva a esta situación con la resolución de los dossieres pendientes y el pago de las indemnizaciones correspondientes a los afectados. Además, propone al Gobierno de Hugo Chávez retomar la comisión mixta de seguimiento de tierras acordada en su día entre ambos países, donde se ha de estudiar cada caso concreto así como elevar ante dicho Gobierno una queja por la situación de los españoles afectados, manifestando nuestra voluntad de defender sus intereses y garantizar su seguridad y bienestar.
Según recuerda el PP en la exposición de motivos de la Proposición no de Ley, los españoles que residen en la actualidad en Venezuela constituyen una población de más de 200.000 personas, en su mayoría emigrantes que llegaron hace décadas y que, tras largos años de esfuerzo, han acumulado un patrimonio más o menos importante. Según el Partido Popular, estos españoles se encuentran ahora en serias dificultades “debido sobre todo al abandono en defensa de sus intereses por parte del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, según se desprende de unas cartas del que fuera embajador de España en ese país, Dámaso de Lario Ramírez, al titular de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, en las que califica de dramática la situación que padecen nuestros emigrantes allí afincados”.
También recuerda el PP que “el Gobierno de Hugo Chávez viene desarrollando en los últimos años una política de expropiaciones de tierras y propiedades que ha afectado a un importante número de ciudadanos españoles, teniendo en cuenta que, de las 8.000 fincas agrarias que existen en Venezuela, 2.000 son propiedad de compatriotas nuestros”.
Asimismo, la iniciativa advierte que, “de esas 2.000 fincas propiedad de ciudadanos españoles, 200 de ellas ya están ocupadas, muchas otras están amenazadas y sólo 93 han sido examinadas tras la alarma y preocupación expresadas por los españoles en el Consulado”.
Recuerda el PP que, “sin embargo, la situación sigue sin resolverse, como tampoco se ha resuelto ningún dossier de reclamación ni se han pagado las indemnizaciones que corresponden a los afectados por las expropiaciones de fincas, muchas de las cuales se sabe que han pasado a manos de personas del entorno de Hugo Chávez”.
Además, y siempre según la nota de prensa remitida por el PP, “en las cartas del embajador Darío Lario al ministro Moratinos, consta que la protección consular es muy limitada y que resulta muy complicado ayudar a los españoles en dificultades, teniendo en cuenta que desde el año 2009 no se ha vuelto a convocar la Mesa de seguimiento entre los dos países”.
El PP concluye que, después de catorce meses de la visita de Moratinos a Caracas, ni se ha convocado la Comisión Mixta que acordó con su homólogo para encontrar una salida a este tema ni tampoco se ha avanzado nada en el tema de las subvenciones.En su opinión, el Gobierno de Zapatero debería haber tenido una actitud mucho más activa y valiente en defensa de los derechos y de los intereses de los españoles en Venezuela, más teniendo en cuenta que el trabajo de muchos emigrantes ayudó y contribuyó en gran medida al desarrollo de España.
Según fuentes de la Portavocía del Grupo Parlamentario Popular (GPP), la portavoz Soraya Saénz de Santamaría ha mostrado su preocupación por la grave situación de los españoles afectados por la política de expropiaciones del Gobierno de Hugo Chávez y por ello ha pedido la comparecencia del Gobierno para que explique ante el Parlamento “las razones del abandono de unos ciudadanos españoles que llevan años pidiendo justicia y protección hacia sus vidas e intereses, españoles que en muchos casos han sido incluso amenazados, y a los que hasta ahora no se ha dado solución ni pagado las indemnizaciones a las que tienen derecho”. La portavoz, recuerda que hasta el momento, los afectados se han encontrado con las puertas cerradas, con promesas incumplidas y con el Gobierno español mirando para otro lado con tal de no molestar al presidente Chávez.
Además, el GPP hace especial hincapié en recordar que el jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras, organismo que se encarga de intervenir los terrenos supuestamente no explotados por sus dueños y excusa para las expropiaciones, es Arturo Cubillas Fontán, terrorista perteneciente a la banda ETA, para el cual el GPP ha pedido su extradición al constatarse que continúa en activo, tal y como quedó demostrado en el auto del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
